Empresa del vicepresidente del grupo Clarín amenaza con destruir un ecosistema - Noticia extraída de Telam.com.ar

REPRESA AYUI GRANDE

La obra planificada amenaza inundar 8 mil hectáreas en el Iberá

En el emprendimiento apunta a acrecentar la superficie de cultivo del arroz. Según los empresarios, se producirían 120 mil toneladas anuales de granos. La construcción se realizará sobre el río Ayui, en la localidad correntina de Mercedes. El lago artificial regará unas 18 mil hectáreas de plantaciones. Oposición de los ambientalistas.

Los socios de las empresas Copra S.A. cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro, perteneciente al financista húngaro George Soros, ambos integrantes de la UTE que planea construir la represa Ayui Grande, sobre el río del mismo nombre, lo bautizaron con el pomposo titulo de “emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur.
Sin embargo, los ambientalistas piensan otra cosa: que la obra en cuestión supone un perjuicio mayúsculo para un ecosistema de las características del Iberá y que es “ilegal” que un grupo privado “se adueñe de un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales”.
La iniciativa, que ya fue presentada oficialmente y se aguarda los dictámenes provinciales que la autoricen, cuenta con un nada despreciable apoyo mediático del suplemento Rural del diario Clarín.
“El proyecto tendrá una capacidad de elaboración de 120.000 toneladas anuales prioritariamente de arroz, pero incluirá otros granos, como maíz, soja, sorgo y trigo”, se señaló en un artículo publicado la semana pasada por ese suplemento.
El epicentro operativo de la empresas Copra S.A. (del grupo Adeco) y Tupantuva, que integran la Unión Transitoria de Empresas Represa Ayuí Grande, es la localidad correntina de Mercedes.
El proyecto contempla una inversión de 55 millones de dólares y la construcción de una represa sobre el río Ayuí, con la que crearán un lago artificial destinado a regar las 18 mil hectáreas de plantaciones.
Pese a que hubo varios intentos para llevar adelante la obra hacia fines de los 90, las empresas tomaron el año pasado la “fuerte decisión de terminarla”, según explicó a Clarín, José Aranda.
A mediados de mayo, el gobernador correntino, Arturo Colombi, recibió de manos de los empresarios un informe de dos mil páginas sobre los aspectos técnicos y estudios de impacto ambiental y social.
En esa oportunidad, el mandatario señaló que desde la provincia, ““saludamos, acompañamos y felicitamos a este emprendimiento del sector privado que ayudará a solucionar cuestiones sociales y da esperanzas de crecimiento”.
Según una nota de la Fundación Proteger, los principales cuestionamientos provinieron de organizaciones ecologistas de la región y especialistas en medio ambiente.
“Quieren crear un lago artificial doce veces más grande que el casco urbano de Mercedes, atravesando con un paredón el río Ayuí e inundando su lecho completo en un tramo de 30 kilómetros de costas”, explicó el biólogo Aníbal Parera, ex titular de la Fundación Vida Silvestre, radicado en Mercedes.
Para Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, esta situación quiebra el estado de derecho. “Nadie puede hacer desaparecer un arroyo y sus costas, sus bosques y el territorio de su periferia en semejante superficie, para ampliar sus márgenes productivos o su renta”, opinó el ambientalista.
El estudio de impacto ambiental realizado por las empresas reconoce la existencia de 391 hectáreas de bosques que desaparecerían bajo las aguas del embalse artificial.
Para Pedro Healy, integrante de la Fundación, “la provincia debe desarrollar su plan de ordenamiento de bosques –según lo establece la Ley Nacional 26.331, vigente desde enero– por lo que resulta insólito que se anuncie la realización de proyectos que afecten las especies protegidas, incluso por las leyes provinciales”.
Dos de las cuatro especies declaradas “monumento natural provincial de Corrientes” viven en el área que se pretende afectar: el lobito de río y el ciervo de los pantanos.
Para los expertos, la represa –que estará ubicada a 47 kilómetros de la reserva natural Esteros del Iberá– puede provocar daños que trascienden las fronteras correntinas.
“Este lago artificial recibirá los efluentes químicos de la gigantesca superficie de plantíos y el destino de la cuenca del río Miriñay –que desagua en el Uruguay– podría quedar comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo no serían las mismas”, explicó Parera.
“Un emprendimiento privado, con fines lucrativos, no puede adueñarse de algo tan público como un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y especies animales y vegetales”, agregó.

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